LOS RETOS DE LA JUSTICIA INDÍGENA EN COLOMBIA
La construcción de la troncal de café en Antioquia, la instalación de un radar para operaciones de la DEA en el Amazonas colombiano, la exploración y explotación petrolera del bloque Samoré en Casanare, la explotación forestal en Murindó Antioquia, y la construcción de la represa de Urrá en Córdoba, tienen dos características que los hacen particulares. (VER GRAFICO: PARTICIPACION DE LA POBLACION INDIGENA EN EL TOTAL)
La construcción de la troncal de café en Antioquia, la instalación de un radar para operaciones de la DEA en el Amazonas colombiano, la exploración y explotación petrolera del bloque Samoré en Casanare, la explotación forestal en Murindó Antioquia, y la construcción de la represa de Urrá en Córdoba, tienen dos características que los hacen particulares.
(VER GRAFICO: PARTICIPACION DE LA POBLACION INDIGENA EN EL TOTAL).
Por una parte, son proyectos de gran envergadura con alto componente de inversión, y por otra, están ubicados en territorios habitados por comunidades indígenas.
Estas dos características han hecho que algunas comunidades indígenas como la Embera Chamí de Antioquia; la etnia del resguardo de Monochoa en el Amazonas; la población Ui wa en los llanos orientales; la etnia de la población de Chajeradó; y los Embera Katios de Córdoba, se enfrenten al Estado por considerar la presencia de estas obras de infraestructura como violación de sus derechos colectivos y de sus garantías constitucionales.
Este tipo de conflictos entre las comunidades indígenas y el Estado, que a través de estas obras de infraestructura hace presencia en apartados territorios habitados por etnias indígenas, pone sobre el tapete la controversia entre el interés general y el interés particular.
En este caso, cuenta con la particularidad de tratarse de derechos étnicos que son derechos colectivos según la ONU y la OIT.
Las garantías otorgadas a los pueblos indígenas por la Constitución Política de 1991, al promulgar el respeto efectivo de sus tradiciones y el reconocimiento de sus instituciones; el activismo en estos temas por parte de organismos como la ONU y la OIT y las presiones internacionales por parte de Organizaciones No Gubernamentales y movimientos ambientalistas, que se caracterizan por su permanente controversia con grandes inversionistas multinacionales, han creado un ambiente propicio para la frecuencia de este tipo de conflictos.
Este fenómeno se torna preocupante en la medida en que en Colombia, según cifras oficiales, existen en la actualidad alrededor un millón de indígenas pertenecientes a 82 etnias, que ocupan aproximadamente una quinta parte del territorio nacional (25 millones de hectáreas).
En su mayoría, habitan bajo la figura jurídica de resguardo, en regiones donde se conservan cerca del 60 por ciento de las riquezas de biodiversidad, petróleo y recursos naturales no renovables, atractivos para la inversión extranjera.
Aunque a primera vista podría tratarse de un conflicto económico si se tiene en cuenta que según Boaventura de Sousa Santos, investigador de la Universidad de Coimbra (Portugal), entre todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el supremo es el derecho a la tierra, a sus territorios ancestrales, y a sus recursos ; lo único evidente aquí es la falta de comprensión integral de la problemática social de amplias regiones del país.
Son notables las fallas en la solución de este tipo de conflictos: en primer lugar, no se están haciendo efectivas las garantías constitucionales para las colectividades indígenas.
En segundo lugar, la falta de una política estable y definitiva en estos temas no está ayudando a disminuir la incertidumbre jurídica a la que se ven enfrentados grandes inversionistas que deciden colocar sus recursos en estos atractivos pero aislados territorios.
- Publicación
- eltiempo.com
- Sección
- Otros
- Fecha de publicación
- 26 de julio de 2001
- Autor
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